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lunes, 25 de febrero de 2013

LA JUSTICIA DIGNIFICA A LAS VÍCTIMAS

En el marco de la conmemoración del 25 de febrero “Día de la Dignificación de las Víctimas del conflicto armado interno”, manifestamosnuestra satisfacción por el avance del caso por genocidio contra los militares Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez en el que se ha fijado para el 19 de marzo el debate oral y público.

Sin embargo, consideramos que los avances en materia de justicia son pocos en comparación de la barbarie cometida por agentes del estado durante el conflicto armado; además de que este gobierno presidido por un militar y que ha militarizado las instituciones del Estado, ha detenido aquellas acciones que conllevan a la recuperación de la memoria, el esclarecimiento de la verdad y la promoción de la justicia como garantías necesarias para la no repetición de los hechos, llegando incluso a negar que en Guatemala hubo genocidio en una clara intención de violentar la independencia de poderes.

A la fecha el Programa Nacional de Resarcimiento no ha tenido la capacidad y celeridad de relanzar la política de resarcimiento de manera integral y colectiva. Es notorio el incumplimiento del PNR para con la víctimas. Las obras iniciadas como construcción de viviendas o nichos no han concluido y cuentan con defectos de estructuras, demostrando con esto el poco interés de estas autoridades hacia los sobrevivientes.

Continúan siendo los sobrevivientes familiares de víctimas y organizaciones sociales las que día a día luchamos contra el olvido que este Estado impone mediante la negación de lo ocurrido y la posibilidad de otorgar amnistías para los militares imputados de graves violaciones a los derechos humanos durante la guerra. Por lo anterior exigimos a la Corte de Constitucionalidad resolver de manera pronta y apegada a derecho, en cumplimiento y respeto de las leyes nacionales y de las responsabilidades que el Estado tiene a nivel internacional, lo relativo a la amnistía solicitada por los militares acusados de genocidio.

Asimismo, al Ministerio Público y Ministerio de Gobernación a retomar la búsqueda del General Luis Enrique Mendoza García, prófugo de la justicia desde octubre 2011 también sindicado de genocidio.

Exhortamos a las autoridades de Justicia a actuar conforme a la ley y NO dar trámite a los recursos dilatorios, frívolos e improcedentes que los imputadosa interponen, con el único propósito de evitar llegar a un debate.  Al Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo “A” integrado por las honorables Juezas y Juez:Iris Jassmin Barrios Aguilar, Patricia Isabel Bustamante García y  Pablo Xitumul de Paz,a no dejarse amedrentar por presiones de sectores que desean que prevalezca la impunidad en Guatemala. Y exigimos a las autoridades brindar la seguridad necesaria a los Jueces, Magistrados, Fiscales, Peritos, Testigos y querellantes  involucrados en este caso.


Coordinación Genocidio Nunca Más

Guatemala, 25 de febrero de 2013

jueves, 7 de febrero de 2013

Juicio contra Ríos Montt por genocidio en Guatemala iniciará en agosto

El Tribunal Primero A de Mayor Riesgo de Guatemala anunció este jueves que el juicio por genocidio y crímenes de guerra en contra del exgeneral golpista José Efraín Ríos Montt se iniciará el próximo 13 de agosto.



Por: América Economía-EFE

La jueza Jazmín Barrios, presidenta de ese tribunal, dijo a los periodistas que el inicio del juicio fue programado para esa fecha debido a que hasta entonces esa judicatura tiene espacio en su agenda.
Junto a Ríos Montt también será enjuiciado por los mismos delitos el general retirado José Rodríguez, antiguo jefe de la temida Dirección de Inteligencia del Ejército.

El juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado Primero B de Mayor Riesgo, ordenó el pasado 28 de enero enjuiciar a Ríos Montt y Rodríguez al considerar que existen “suficiente elementos” para que sean procesados por delitos de genocidio y delitos contra la humanidad.

Ríos Montt, quien gobernó de facto Guatemala entre marzo de 1982 y agosto de 1983, y Rodríguez, quien fue jefe de Inteligencia Militar durante ese período, serán procesados como autores intelectuales en la matanza de 1.771 indígenas de la etnia ixil perpetradas por el Ejército en ese tiempo.

Esta será la primera vez que un ex jefe de Estado guatemalteco sea sentado en el banquillo de los acusados para que responda a la justicia de las acusaciones de genocidio y deberes contra la humanidad, perpetrados por las Fuerzas Armadas en contra de la población civil durante la guerra interna de 36 años que padeció este país entre 1960 y 1996.

La guerra interna que concluyó el 29 de diciembre de 1996, según las Naciones Unidas, se saldó con 200.000 muertos y 45.000 desaparecidos.

lunes, 4 de febrero de 2013



Editorial

Ríos Montt: perspectiva de justicia

La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) calificó ayer de paso crucial hacia la justicia, la verdad y la reparación el proceso judicial iniciado un día antes en Guatemala contra el ex presidente de ese país Efraín Ríos Montt, quien llegó al poder en marzo de 1982 por un golpe de Estado y fue derrocado por la misma vía 18 meses después. Ríos Montt es señalado como responsable intelectual de los delitos de lesa humanidad y genocidio cometidos durante su gobierno por las fuerzas armadas y grupos paramilitares.

Más allá de la necesidad de esclarecer y sancionar crímenes del pasado de Guatemala que siguen proyectando una sombra sobre el presente, como indica AI en su comunicado, el juicio contra Ríos Montt adquiere relevancia internacional e histórica en la medida en que implica sentar en el banquillo de los acusados a un representante paradigmático –junto con el chileno Augusto Pinochet y el argentino Jorge Rafael Videla– de la generación de militares golpistas que, en Centro y Sudamérica, accedieron al poder por la vía de los cuartelazos, barrieron con derechos básicos, asesinaron a cientos de miles de personas, impusieron el terror a las poblaciones e instauraron en buena parte de la región, una era de abierta barbarie.

Durante el año y medio que permaneció en el poder, el militar guatemalteco se encargó de introducir en el continente la aplicación de las tácticas más descarnadas de contrainsurgencia rural; ordenó el asesinato de decenas de miles de guatemaltecos, la mayoría indígenas ixiles –por más que en el expediente judicial en su contra sólo se hayan documentado mil 700 muertes–; provocó el desplazamiento de cientos de miles más, y fue el responsable principal de la virtual desaparición del mapa de 448 aldeas indígenas que simpatizaban con las organizaciones guerrilleras de la época.

Tras ser depuesto y reinstaurarse un orden democrático formal en la nación vecina, Ríos Montt formó la agrupación política Frente Republicano Guatemalteco (FRG), a la que pretendió usar infructuosamente como trampolín para ocupar de nueva cuenta la jefatura de Estado, y desde la cual accedió varias veces a cargos en el Congreso guatemalteco y continuó ejerciendo un poder perverso en la vida política de ese país.

Con tales antecedentes, el proceso penal contra Ríos Montt abre la posibilidad de poner fin, así sea en forma simbólica y acotada, a la impunidad de que, salvo en el caso de Argentina, han gozado los sátrapas latinoamericanos bajo los gobiernos civiles y las democracias formales que sucedieron a las dictaduras.

Más allá de ese ejercicio de justicia histórica, el juicio contra Ríos Montt tiene implicaciones directas en el entorno político contemporáneo de su país, en la medida en que pone al descubierto a los autores materiales de las atrocidades diseñadas por el militar en retiro, entre los que se encuentra el actual presidente guatemalteco Otto Pérez Molina, cuya participación en las masacres de civiles en comunidades campesinas está ampliamente documentada e incluso ha sido exhibida en documentos filmográficos.

Dicha circunstancia coloca a la institucionalidad guatemalteca en una disyuntiva por demás problemática: o decide ejercer acción penal en contra de todas las piezas que integraron la maquinaria de barbarie durante el régimen de Ríos Montt –aunque entre éstas figure el actual jefe de Estado–, o decide preservar la impunidad y socava, con ello, el espíritu de justicia y esclarecimiento que subyace a la causa penal contra el ex mandatario ahora bajo proceso.

El caso comentado adquiere también resonancia en nuestro país, en la medida en que sienta un precedente judicial para investigar y sancionar, como delitos de lesa humanidad, episodios de masacres de campesinos perpetradas por fuerzas militares, paramilitares y policiales como los que ocurrieron en México durante el gobierno de Ernesto Zedillo –Aguas Blancas, Acteal, El Charco, La Libertad, San Juan del Bosque y otros– cuyos autores intelectuales y materiales aún gozan de impunidad.

http://www.jornada.unam.mx/2013/01/30/edito