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Documental Sembrando Semillas de Memoria se presentó en el marco del 18º. Aniversario de la Firma de los Acuerdos de Paz

El documental cinematográfico “Sembrando Semillas de Memoria”  elaborado por el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos CALDH fue presentado en el marco del 18º. Aniversario de la firma de los acuerdos de paz en Santa María Nebal, Quiché,  uno de los pueblos más golpeados por la violencia durante la guerra contrainsurgente.

El documental con una duración de 30 minutos, fue realizado en base a entrevistas a testigos Ixiles y sobrevivientes de diferentes regiones del país. 

El material, toma como punto de partida el histórico juicio por genocidio en contra de los generales retirados José Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez realizado en el año 2013, así como la valentía y lucha de testigos, testigas y sobrevivientes del genocidio por mantener viva la sentencia en diferentes comunidades del país y el compromiso por seguir trabajando por la justicia.  También muestra el impacto y las reacciones generadas a nivel nacional e internacional producto de la sentencia condenatoria dictada por un tribunal nacional.

El documental se realizó con la intención de que se convierta en una herramienta educativa para el debate y va dedicado especialmente a los jóvenes que ignoran el genocidio que hubo en Guatemala.

Según Juan Francisco Soto director de CALDH con respecto al material afirma: "tiene mucha importancia para las víctimas porque se les escucha, pueden contar la verdad, pueden decirle a un tribunal las violaciones a los derechos humanos que sufrieron..." 

Testimonios de esperanza

El material audiovisual  muestra  entrevistas a sobrevivientes de diferentes regiones del país, tal es el caso de Marcial Martín Xajil un sobreviviente de 80 años quien afirma "la sentencia es un alivio a los sobrevivientes, es un golpe a la impunidad..."

Dolores Cú sobreviviente de una masacre expresa: "yo no tengo miedo de decir que hubo sentencia, yo no me voy a rendir, no me voy a cansar, yo voy a seguir luchando hasta que me tengan que decir en donde está mi hermano, en donde están los desaparecidos, en donde los tienen..."

El documental se presentó a testigos y sobrevivientes del  genocidio de la región Ixil el pasado 29 de diciembre y se tiene planificado presentar en diferentes departamentos del país a partir de enero del 2015 y su distribución será gratuita.

La guerra interna que acabó en Guatemala en 1996 con la firma de los Acuerdos de Paz entre el gobierno y la guerrilla dejó más de 200.000 muertos, 45.000 desaparecidos y más de un millón de desplazados, según la Comisión de la Verdad.

Artículo: La hora de la justicia para las víctimas en Guatemala

La Corte de Constitucionalidad,  en su sentencia del 13 de agosto de 2013, estableció que: “… son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos…”

De nuevo, y, a pesar de esta contundencia y de la jurisprudencia establecida por tribunales internacionales, en forma constante y reiterada, la sombra de la duda y la amenaza de la impunidad, se cierne sobre las  víctimas del genocidio en Guatemala, pretendiendo proteger a uno de sus máximos exponentes, el  ex general y dictador Efraín Ríos Montt. La valentía de un pueblo y de sus instituciones se demuestra por la contundencia en la protección de los derechos de sus ciudadanos y por la entereza de los tribunales frente a quienes los desconocen y generan  espacios antidemocráticos de vergüenza, corrupción y  olvido de la primera y fundamental regla de una democracia, cual es  que el poder reside en aquel y que todo abuso, debe ser sancionado, antes o después, para garantizar la propia supervivencia del estado de derecho.  

 La rendición de cuentas por el  genocidio que sufrió el pueblo ixil en Guatemala a lo largo de su sangrienta guerra civil, y especialmente durante los años ochenta, en los que Ríos Montt dirigió los destinos del gobierno, es la premisa ineludible para evitar el abismo que se abriría, una vez más, en este país, a modo de incruento golpe de estado, si la justicia renunciara al papel histórico que le corresponde y no pronuncia su independiente e imparcial decisión.

La amnistía, que es un mecanismo aceptado en ciertos contextos para facilitar el paso de una situación de represión  a otra democrática, jamás puede ni debe ser utilizada, so pena de prostituir su verdadero sentido y alcance, para impedir que los presuntos responsables de crímenes de genocidio, lesa humanidad y guerra, cometidos desde el propio Estado, puedan responder, con todas las garantías, ante jueces independientes. Una democracia autentica, no se puede construir sobre miles o millones de cadáveres, desaparecidos o torturados y quienes propician una salida como esa, están contribuyendo a consumar para siempre la desigualdad de los ciudadanos ante la justicia, contrariando así los principios mas elementales que como seres humanos nos hemos dado.

 La derogación del Decreto de Amnistía 8-86 por Guatemala en el contexto de los acuerdos de paz es el último paso para dar concreción legal interna a una norma ya consolidada en la esfera internacional: los responsables de crímenes internacionales no pueden gozar de los beneficios de la amnistía. La razón que fundamenta este principio es que los crímenes internacionales no pueden ser cuestión interna de uno u otro Estado, sino que su persecución, corresponde, bajo la protección del principio de soberanía compartida, a todos los países porque afectan a toda la comunidad internacional y socaban la dignidad de la humanidad en su conjunto. Este valor elemental para la protección de los derechos humanos, es irrenunciable y su reconocimiento es obligatorio para todos los sistemas nacionales que han ratificado los instrumentos internacionales que los reconocen, como es el caso de Guatemala.

Si el 5 de enero de 2015 el nuevo juicio contra Ríos Montt no concluye en una sentencia firme, fundada, libre de obstrucciones, de interferencias y presiones, abierta a su aplicación íntegra, Guatemala será muy poco fiable para sus ciudadanos y mandará a la comunidad internacional un mensaje de desesperanza, de apoyo institucional a la impunidad, a la corrupción, al beneficio personal por encima del bien común, a favor del olvido y de la indiferencia que acabará finalmente con  la propia credibilidad del Estado de Derecho.

Es la hora definitiva de la Justicia para  perseguir, juzgar a los victimarios y para resarcir y garantizar la no repetición a las víctimas de aquellos crímenes. Ningún juez, podrá afirmar ya que este sistema no es aplicable a este tipo de conductas aberrantes, porque si así lo hiciera, estaría desconociendo, en forma flagrante, el derecho, y contribuiría en forma activa a la impunidad y, por ende, su responsabilidad no podría excusarse. La Justicia, debe exigir su espacio como poder del Estado y garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos y juzgar, definitivamente,  este tipo de conductas como única posibilidad de reivindicarse ante el pueblo guatemalteco y ante el mundo. Por esto, las instituciones encargadas de administrar  justicia no pueden olvidar la gran responsabilidad que ostentan, ni deben ignorar que no habrá futuro para una sociedad que no revisa su pasado, que no persigue a sus mayores delincuentes y que no limpia sus heridas antes de cerrarlas. Es así como, a través de la acción de la justicia, se podrá establecer  una verdad judicial y hacer sostenible la no repetición de las atrocidades, reforzando el estado de derecho  y el respeto a los derechos humanos.

En todo caso, si así no sucediera, y Efraín Ríos Mont quedara protegido por el ominoso estigma de la impunidad oficial, el principio de Jurisdicción Universal, en cualquier país, se activaría una vez más, para que aquella, no se instaure definitivamente como norma para proteger a los victimarios.

Madrid a 25 de diciembre de 2014
Baltasar Garzón Real
Juez

sembrando semillas de memoria trailer

CMI denuncia ataques en su contra tras cobertura en Alta Verapaz

Guatemala, 29 de agosto de 2014

Desde el inicio de la cobertura que realizó un equipo del Centro de Medios Independientes de Guatemala (CMI-G) acerca de los más recientes desalojos en el departamento de Alta Verapaz, realizados por agentes de la Policía Nacional Civil, ejército y algunos civiles que irregularmente los acompañaban, se inició una cadena de ataques, entre ellos informáticos, que impidieron publicar de forma inmediata la información recopilada durante los acontecimientos.1 En esa acción, fueron desplazadas más de cien familias, se capturó a cinco líderes comunitarios y tres campesinos fueron asesinados, en hechos hasta ahora no esclarecidos.

En dicha región del norte del país, hay fuertes intereses creados alrededor de megaproyectos hidroeléctricos; extracción petrolera y minera; así como mono-cultivos para producir agrocombustibles y otros productos.2.

En ese contexto, la noche del 23 de agosto sucedió el secuestro de una persona (por seguridad omitimos su nombre) que habita en la misma vivienda de los reporteros que cubrieron los desalojos mencionados, a quien retuvieron por varias horas, amenazaron, golpearon y vejaron. Junto a la golpiza fueron realizadas amenazas directas contra Gustavo Illescas, autor de los artículos sobre los desalojos y al trabajo del CMI-G. Por esta acción hay dos denuncias presentadas en el Ministerio Público.

Estos ataques no ha sido los primeros. El colectivo Emancipa Producciones, parte del CMI, sufrió persecuciones en su cobertura de las movilizaciones normalistas, asimismo se le acosó durante la realización de un reportaje sobre la instalación de la hidroeléctrica Saqja’ (Purulhá) y se le trató trató de impedir la proyección en un festival de cine, de la documental “La Propuesta Impuesta”. Además, durante las diferentes coberturas de la resistencia anti-minera en “La Puya”, San José del Golfo, existieron intimidaciones, amenazas, e intentos de censura, que en su momento fueron denunciados en tribunales. Este proceso judicial –interpuesto junto a otros comunicadores alternativos– tuvo como resultado una sentencia condenatoria a personeros de la minera Exmingua.

Las agresiones han coincidido con desalojos o represión a comunidades y movimientos sociales, hechos por las fuerzas públicas, donde los medios de prensa empresariales han dado poca o nula cobertura o repiten de manera sesgada el discurso del gobierno.3 Tampoco ha sido el CMI-G el único atacado. Ricard Busquets, comunicador del Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido criminalizado y hostigado en varias ocasiones; Francisca Gómez Grijalva pretende ser llevada a juicio por una columna de opinión donde señala el abuso de poder de Cementos Progreso, entre otros casos.

El CMI-G considera que estos ataques son preocupantes e indican una tendencia en ascenso desde el inicio de este gobierno. Las declaraciones del Ministro de Gobernación acerca de intentar regular los contenidos críticos vertidos en redes sociales y la iniciativa de ley 48434 presentada por el partido LIDER, representan el intento de creación de un marco legal que sirva para acusar de espionaje, terrorismo y otros delitos a personas comunicadoras sociales que aborden ciertos temas. Estas medidas buscan provocar la autocensura, y promover la desinformación y el aislamiento de las comunidades ante un escenario de mayor conflictividad y represión.

Como consecuencia de lo expuesto, denunciamos públicamente estos ataques; y manifestamos nuestra solidaridad ante las personas y colectivos que sufren la represión, persecución y censura gubernamental. Exigimos una investigación pronta y efectiva al Ministerio Público; y al gobierno, que respete el derecho a la libre expresión y emisión del pensamiento, respetando la integridad física y el trabajo de todas las personas que documentan e informan hechos que atentan contra la dignidad y los derechos humanos. Sin estas garantías es imposible una democracia real.

La intensidad del ataque puede ser visualizada en la gráfica que se muestra en http://cmiguate.org/ataque-ddos  ↩

Esta información se encuentra publicada en http://cmiguate.org/monte-olivo-o-monte-olvido-2-anos-de-represion/ ↩

Como ejemplo, ver los titulares de http://www.prensalibre.com/alta_verapaz/alta_verapaz-bloqueos-carreteras-chisec-desalojo-campesinos-codeca_0_1194480567.html  y http://www.mingob.gob.gt/index.php?option=com_k2&view=item&id=7461:rescatan-a-policias-en-raxruha-alta-verapaz&Itemid=103  ↩

http://www.congreso.gob.gt/manager/images/57BA1187-DED9-541A-4AC2-1C6A6524E8E3.pdf

Inhumarán a Matilde Cool Choc localizada en las fosas de CREOMPAZ, antigua

base Militar de Cobán 31 Años después de haber sido Detenida- Desaparecida  

Los restos de Matilde Cool   Choc se localizaron 31 años después de haber  sido  detenida  por el ejército y llevada  a  la  base número 21 de Cobán, según testimonios, y como resultado de las exhumaciones que se realizan en esa base militar. Su  identidad se comprobó por medio de pruebas de ADN.

   

Los restos de la Victima, Matilde  Cool Choc,  serán entregados a sus familiares el próximo  19  de julio  en   su  casa   zona  1 de Cobán  para la velación.

Además, como parte de la cultura para cerrar su duelo, se oficiará  una misa  en catedral de Cobán para finalmente darle  sepultura el domingo 20 de julio  en el cementerio general  de  Alta  Verapaz. Los restos de Matilde  Cool  Choc   son parte del hallazgo de 538 osamentas entre hombres, mujeres y niños, localizadas en 83 fosas en las instalaciones en donde en los años de mayor represión del ejército funcionó la base militar No. 21 en Cobán, Alta Verapaz y actualmente ocupadas por el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Paz (CREOMPAZ).

La exhumación y la identificación de los restos localizados representan para los familiares de las víctimas una luz de esperanza para conocer el paradero de sus seres queridos, retomar el vínculo entre vivos y muertos y la posibilidad de conocer la verdad de lo que les ocurrió e identificar a los responsables materiales e intelectuales de tan graves delitos.

El 15  de enero de 1983 Matilde Cool Choc  fue detenida por  la Policía  Nacional  y  luego conducida  a la base  militar  zona 21 de Alta Verapaz en donde sus familiares indagaron por ella sin ningún resultado.  Lo cierto es que Matilde Cool  Choc  nunca  salió  de La  base  sino 31  años  después  que  se logra identificarla entre las osamentas  encontradas  en  las fosas comunes.

               Asociación de familiares de Detenidos -Desaparecidos   FAMDEGUA

Guatemala 18 de  Julio  2014

MARCHA DE LA MEMORIA

"No es tras la muerte a lo que íbamos, es tras la vida" *

Por Nelton Rivera –Prensa Comunitaria-

Familiares de desaparecidos y desaparecidas durante el gobierno militar del Oscar Humberto Mejía Victores continúan luchando por esclarecer el lugar en donde se encuentran más de 140 desaparecidos entre los años 1983 y 85 documentados en el Diario Militar. 

La Asociación Verdad y Justicia AVEJA realizo en la ciudad de Guatemala este martes 20 de mayo 2015 su primer actividad pública luego de 30 años de lucha para encontrar a sus familiares detenidos y desaparecidos, los 183 casos documentados en el Diario Militar forman parte de los 45 mil detenidos y desaparecidos durante el Conflicto Armado interno desde 1960 hasta la firma de los Acuerdos de Paz en 1996. 

Se cumplen 15 años del aparecimiento de un documento militar que comprueba la existencia de operaciones y planes del Estado para la desaparición de militantes guerrilleros irrespetando todos los convenios internacionales en materia de conflictos o guerra. 

"A 18 meses de haber dictado sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH en el caso "Gudiel Álvarez y otros ("Diario Militar") contra el Estado de Guatemala", el gobierno actual desobedece el cumplimiento de la misma", cita un comunicado de AVEJA. 

El Estado continua sin darle cumplimiento a la sentencia emitida por la CIDH, trascendió recientemente que el gobierno de Otto No fue tras la muerte que fuimos fue tras la vida que sembramos si morimos Molina continua evadiendo toda sentencia de la CIDH y hace esfuerzos por anular la memoria y los delitos cometidos durante el conflicto armado. 

De 140 casos de detención y desaparición forzada solamente 6 personas han sido localizadas e identificadas: Amancio Samuel Villatoro, Moisés Saravia López, Sergio Saúl Linares Morales, Juan De Dios Samayoa, Hugo Adail Mérida, Zoilo Canales Salazar. 

Todos ellos localizados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala FAFG en el año 2003, durante un proceso de exhumación en la antigua base militar de San Juan Comalapa en Chimaltenango, Guatemala junto con 220 personas indígenas que fueron masacradas en la década de los años 80s.
* Verso de Enrique Noriega que Arnoldo Ramírez plasmó en uno de sus grabados en la Universidad de San Carlos de Guatemala en la década de los años 70. Información Iduvina Hernández.