HECTOR MARIO LOPEZ FUENTES DETENIDO POR GENOCIDIO

OFENSIVA DE LA MEMORIA 2011

REPUDIAMOS IMPUNIDAD EN CASO POR DESAPARICIÓN FORZADA DE EDGAR LEONEL PAREDES

Nuevamente, el sistema de justicia guatemalteco da la espalda a las víctimas del conflicto armado interno. El pasado 15 de abril, el Tribunal de Sentencia de Chiquimula absolvió al ex comisionado militar Isidro Cardona Osorio responsable de la desaparición forzada del joven Edgar Leonel Paredes Chegüen, detenido - desaparecido el 12 de enero de 1982.

DENUNCIAMOS públicamente que el Tribunal de Sentencia de Chiquimula, integrado por Víctor Ricardo Villeda Recinos, Eduardo García y Víctor Hugo de León no actuó apegado a derecho, ya que los medios probatorios presentados, tanto testimoniales como científicos, evidenciaron la participación del ex comisionado en la desaparición de Edgar Leonel. Esperamos que la decisión del Tribunal no haya sido debido a presiones de estructuras vinculadas o de algún hecho de corrupción. Para descartar estas posibles motivaciones en la sentencia, es necesario que se investigue y se deduzcan las responsabilidades respectivas en caso se comprueben tales hechos.

No obstante, mantenemos nuestra confianza en el Sistema de Justicia guatemalteco, que ya en ocasiones anteriores ha juzgado casos de desaparición forzada y manifestado su interés en romper con la impunidad, por lo que esperamos que las impugnaciones que se presenten se conozcan y resuelvan en estricto apego a derecho.

Para las miles de familias de detenidos desaparecidos durante el conflicto armado interno, la absolución del acusado constituye un duro golpe, ya que demuestra que aún persisten estructuras que encubren la barbarie cometida durante esos años, por lo que hacemos un llamado a continuar luchando por la justicia y no dejarnos intimidar por estas resoluciones, de igual forma, a seguir en la labor de denunciar lo ocurrido, diciendo la verdad en busca de la recuperación de nuestra memoria colectiva y lucha contra la no repetición de tan horrendos actos.

El Tribunal Primero de Sentencia de Chiquimula queda registrado en la historia de impunidad de Guatemala y en la memoria de la humanidad entera, como el tribunal que absolvió a un violador de los derechos humanos y responsable de la detención y desaparición forzada del brillante estudiante Edgar Leonel Paredes “El dragón de la Palabra”.

Ciudad de Guatemala 29 de abril de 2011.

Familiares de Edgar Leonel Paredes
Asociación Familiares de Detenidos Desaparecidos de Guatemala – FAMDEGUA
Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas - CAFCA.
Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos - CIIDH
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos - CALDH
Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial - ECAP
Fundación Myrna Mack
Grupo de Apoyo Mutuo - GAM
HIJOS
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala - ODHAG
Sector de Mujeres
Seguridad en Democracia - SEDEM
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos - UDEFEGUA

"La Ronda de la Verdad", relata en vivo la crudeza del genocidio

EFE - info@efe.com

Con relatos extraídos de documentos históricos, la obra de teatro "La Ronda de la Verdad" relata la crudeza del genocidio que sufrió Guatemala durante el conflicto armado (1960-1996), y llama a la conciencia de la juventud para que estos hechos no vuelvan a repetirse en el país.

La obra, presentada hoy en un instituto público de la capital, es una puesta en escena que traslada a los asistentes a los años más crueles de la guerra, la década de los ochenta, y en la que sus diez jóvenes actores desempeñan diferentes papeles, desde victimarios hasta víctimas.

La función inicia con algunos niños y niñas que intentan jugar, reír y ser felices, pero solo consiguen aburrirse, hasta que aparece un personaje mágico, que llama la atención del grupo al decir que tiene la capacidad de viajar por el tiempo.

"Clow" se lleva a los niños en su tren de la imaginación en el que les comenta un sin fin de historias del pasado y de a poco, los relatos se comienzan a hacer realidad y los personajes cobran vida para acercar al público a los hechos de violencia que marcaron a Guatemala.

"Son historias tristes que no debemos olvidar para que no se vuelvan a repetir", narra.

Las masacres perpetradas por los militares, las violaciones sexuales sufridas por las mujeres indígenas, los asesinatos de niños y el reclutamiento forzoso, entre otros hechos, son puestos en escena por el grupo artístico "Iquib Bálam", que en lengua quiché significa "jaguar lunar" o "luna jaguar".

El subteniente del Ejército Apolonio Ajoel, interpretado por el líder del grupo de actores, ordena torturar a los jóvenes que han sido reclutados a la fuerza, y les "lavan el cerebro" para que su única misión sea "matar y matar".

Gritos de mujeres indígenas que son abusadas sexualmente y torturadas, también reviven en la escena las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado durante la guerra.

El líder del grupo explicó a Efe que él y sus compañeros no son actores profesionales porque no fueron a la universidad y mucho menos a Hollywood.

"Son jóvenes que han vivido experiencias en la calle", señaló Castillo.

El grupo experimental de teatro nació en el asentamiento humano "Mario Alioto" hace 12 años, en el municipio sureño de Villa Nueva, con el fin de buscar espacios alternativos de expresión y tiene fuertes raíces comunitarias.

"Nosotros decidimos mostrar la cruda realidad de lo que se vivió, se ponen en escena las masacres, la destrucción de los pueblos el asesinato de niños. Esto es para decirles que si hubo genocidio", sostiene Castillo sobre "La Ronda de la Verdad".

La intención de la obra, cuyos relatos fueron extraídos del informe Memorias del Silencio de la Comisión de la Verdad y de la Recuperación de la Memoria Histórica, Guatemala Nunca Más (Remhi), es llegar a la juventud, especialmente a los estudiantes.

Las dos investigaciones concluyeron en que en el país el Ejército cometió genocidio durante la guerra, que dejó unas 200.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos.

El Remhi, que documentó más de 50.000 violaciones a los derechos humanos, la mayoría perpetrada por el Ejército, le costó la vida a su creador, el obispo auxiliar de Guatemala, Juan José Gerardi, quien fue asesinado a golpes en la cabeza el 26 de abril de 1998.

Abner Paredes, dirigente juvenil del Centro de Acción Legal para los Derechos Humanos (Caldh), que patrocina la puesta en escena de la obra, dijo a Efe que el objetivo es presentar información verídica y exponer las "dolorosas cifras de desaparición forzosa, destrucción y muerte" durante el conflicto.

Una hora después, los niños retornan de su viaje imaginario del pasado consternados por el genocidio y exigiendo justicia para recuperar la memoria histórica.

"Mientras muchos inocentes están en el presidio, en libertad están los que cometieron genocidio", reza parte de una canción que se interpreta al final de "La Ronda de la Verdad", que levantó de sus asientos al público para ovacionar a este grupo que también ha realizado montajes sobra drogas, el sida y la violencia intrafamiliar. EFE

"la verdadera dignificación por las graves violaciones a los derechos humanos, sólo se logrará cuando se juzgue y castigue a los responsables del genocidio"

Emil Bustamante, una lucha contra el olvido

A 31 AÑOS DE LA MASACRE DE LA EMBAJADA DE ESPAÑA EN GUATEMALA AUN NO SE HA JUZGADO A LOS AUTORES MATERIALES E INTELECTUALES DE ESTE CRIMEN DE LESA HUMANIDAD.

El 31 de enero de 1980, las fuerzas represivas del gobierno de turno recibieron la orden de incendiar las instalaciones de la embajada de España en Guatemala, la cual había sido tomada pacíficamente por dirigentes campesinos del Occidente del país, acompañados por estudiantes de la Universidad de San Carlos, para denunciar los crímenes que eran cometidos por el ejército de Guatemala en contra de población civil del norte del Quiché.

Como resultado de esta acción represiva de las fuerzas de seguridad, 37 personas murieron calcinadas al interior de la embajada, únicamente salvaron su vida el embajador Máximo Cajal y el campesino Gregorio Yujá, quien luego fue secuestrado del hospital donde era tratado por graves quemaduras. Su cadáver con señales de tortura fue lanzado frente a la Rectoría de la Universidad de San Carlos. A 31 años de ocurrido este crimen de lesa humanidad por parte de las fuerzas represivas del Estado, el manto de la impunidad sigue protegiendo a quienes fueron los responsables materiales e intelectuales cimentando y fortaleciendo los pilares del olvido.

Es por eso que durante todos estos años los familiares de las víctimas y organizaciones civiles nos hemos dado a la tarea de dignificar y mantener viva la memoria de aquellos y aquellas que se atrevieron a denunciar valientemente los crímenes que eran cometidos por el ejército de Guatemala en contra de población civil durante los años del conflicto armado interno. Queremos la verdad, que las guatemaltecas y guatemaltecos conozcan lo que ocurrió aquel 31 de enero de 1980, que se conozca la identidad de quiénes fueron los responsables materiales e intelectuales de este crimen que lastima la dignidad de la humanidad entera y que los mismos sean llevados a los tribunales de justicia para que respondan y sean juzgados por tan horrendo crimen.

La justicia es fundamental como garantía de la no repetición, por eso instamos a los jueces y magistrados a actuar apegados a derecho, respetando la legislación nacional y aquellos tratados internacionales suscritos por el Estado. Manifestamos nuestro respaldo al actuar de la actual fiscal General y Jefa del Ministerio Público Licenciada Claudia Paz y Paz en quien depositamos nuestra confianza a fin de que estos casos sean juzgados, reiterando que con voluntad política e independencia judicial de las autoridades se logrará justicia.

Porque honrar la memoria de las víctimas no es solamente recordarles, honrar la memoria es JUZGAR los delitos que se cometieron contra ellas, es recuperar la memoria histórica, reconocer la verdad de lo ocurrido y decirla, es fortalecer el sistema de justicia y la legislación nacional para que estos crímenes no se vuelvan a repetir.
Para que se conozca, para que no se olvide

Coordinación y Convergencia Nacional Maya WAQIB´ KEJ Comité de Unidad campesina -CUC-
Fundación Rigoberta Menchú Tum
Coordinación Genocidio Nunca Más


Guatemala 31 de enero de 2011.

GRANITO 10min from Skylight Pictures on Vimeo.

Detienen en Canadá a sospechoso de masacre de Dos Erres

Las autoridades canadienses detuvieron anoche en una pequeña localidad del oeste del país a Jorge Vinicio Orantes Sosa, guatemalteco sospechoso de participar en la masacre de las Dos Erres, ocurrida en el Petén a principios de la década de los años ochenta.

Orantes Sosa, un kaibil e 52 años, le aparecen registros de movimientos migratorios en Estados Unidos y Canadá. Las autoridades estadounidense lo investigaban por presentar información falsa en su proceso de naturalización.

Al ex miembro de las fuerzas especiales del Ejército se le seguía la pista en territorio norteamericano, y ayer se confirmó que fue capturado en la localidad de Lethbridge, en la provincia de Alberta, Canadá, informó la agencia de noticias EFE.

Las autoridades canadienses mantienen en reserva la información e indicaron que Orantes Sosa le aparecen las nacionalidades canadiense y estadounidense.

A Orantes Sosa se le vincula en la masacre de casi la totalidad de los habitantes de Dos Erres ocurrida entre el 6 y 8 de diciembre de 1982 y cuyo proceso se ha reactivado desde el año pasado.

Otro caso
En septiembre pasado, un juez del estado de Florida, Estados Unidos, sentenció a Gilberto Jordán, otro kaibil sospechoso de participar en la misma masacre y que admitió haberlo hecho.

La justicia de ese país lo condenó a diez años de prisión por hacer declaraciones falsas en su solicitud de ciudadanía estadounidense.

Junto a Jordán y Orantes Sosa la justicia de Guatemala reclama también a Pedro Pimental Ríos, luego que fueron capturados en mayo pasado en Estados Unidos, al comprobarse de que mintieron al solicitar su naturalización.

LA VERDAD NO PUEDE TENER SECRETOS

Con fecha 13 de diciembre del 2010, la Comisión Presidencial de Desclasificación encargada de garantizar el libre acceso a la documentación militar relacionada con el conflicto armado interno, comprendido entre los años de 1954 a 1996, presentó su informe luego de un año y nueve meses de haber recibido la orden presidencial de desclasificación.

En dicho informe se anuncia el “descubrimiento” de 12 mil 343 documentos, de los cuales 599 son considerados como parcialmente secretos y 103 son clasificados como alto secreto, los que, según lo anunciado, será el Presidente Constitucional de la República de Guatemala y el Ministro de la Defensa Nacional quienes decidirían sobre la publicidad o no de los mismos.

De igual forma se informó que documentación correspondiente a los años de 1980 a 1985 período en el cual se registraron los delitos de lesa humanidad y genocidio y en el que gobernaron el país los generales Romeo Lucas García, José Efraín Ríos Montt y Oscar Humberto Mejía Victores, no fue posible la ubicación de documentación relacionada al conflicto armado interno dentro de la institución armada.

ANTE LA PRESENTACIÓN DE DICHO INFORME EXPRESAMOS:

Es importante, que por fin se haya dado cumplimiento a la orden dada por el Señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala en su calidad de Comandante General del Ejército de Guatemala el 25 de febrero de 2009 frente a miles de víctimas de violaciones a derechos humanos registradas en el conflicto armado interno.

Nuestro profundo rechazo e indignación ante el anuncio de la no existencia de documentación relacionada con los planes militares, comprendida en las fechas de 1980 a 1985. La Comisión de Esclarecimiento Histórico afirma que en ese período se realizaron crímenes de trascendencia internacional, de los cuales existen una serie de procesos legales en contra de oficiales militares por los delitos de Genocidio, Crímenes de Lesa Humanidad, Crímenes de Guerra, Desaparición Forzada, Ejecuciones Extrajudiciales, Violaciones Sexuales en contra de Mujeres, Torturas y otros.

Recordamos al señor Presidente Constitucional de la República de Guatemala y al Ministro de la Defensa Nacional las diferentes resoluciones emitidas por la Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos en las que se ordena a los Estados miembros que para el esclarecimiento de delitos de violaciones a los derechos humanos no puede existir documentación clasificada como secreto.

POR LO QUE SOLICITAMOS AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA Y AL MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL:

La realización de las diligencias de investigación necesarias para la ubicación de la documentación relacionada al período de 1980 a 1985 y en su caso la deducción de responsabilidades administrativas con la consecuente presentación de denuncias ante el Ministerio Público para la deducción de responsabilidades penales de los responsables de la desaparición de dicha información.

La desclasificación total de la información recopilada hasta el día de hoy, ya que dichos documentos no son únicamente posibles medios probatorios en diferentes procesos judiciales, sino que constituyen una parte de la memoria histórica del pueblo de Guatemala y son estas dos acciones en su conjunto una garantía de la no repetición de las graves violaciones a los derechos humanos que ha sufrido Guatemala.

Guatemala, 15 de diciembre de 2010

¡POR EL DERECHO A UN PAÍS JUSTO!
CENTRO PARA LA ACCIÓN LEGAL EN DERECHOS HUMANOS,
CALDH

Festival Celebrando la VIda

CONMEMORACION POR LA LUCHA CONTRA LA DESAPARICION FORZADA EN EL MARCO DEL DIA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS

En el marco de la conmemoración del día Internacional de los derechos humanos, los Familiares de las víctimas por desaparición forzada en Choatalum y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), realizaron el jueves 9 de diciembre en la Aldea Choatalum (San Martín Jilotepeque, Chimaltenango), una serie de actividades con el objetivo de honrar la memoria de las víctimas del conflicto armado interno y en especial de 6 víctimas por desaparición forzada entre noviembre de 1982 y octubre de 1984 en la aldea Choatalum, caso por el cual el Honorable Tribunal de Sentencia de Chimaltenango condenó al excomisionado militar Felipe Cusanero Coj a 150 años de prisión, el 30 de agosto de 2009.

Con la colocación de una plaqueta en el cementerio comunitario se honró la memoria de: Culajay Hic, Santiado Sutuj, Encarnación López López, Filomena López Chajchaguin, Mario Augusto Tay Cajti y Lorenzo Ávila, quienes fueron víctimas de la política racista y genocida del Estado y sus fuerzas armadas durante los años mas duros del conflicto armado interno y de quienes hasta el momento se desconoce su paradero.

Posteriormente se realizó una caminata hacia la Aldea Choatalum, en donde a lo largo del recorrido se reflexionó sobre la importancia de la aplicación de la justicia en crímenes de lesa humanidad y la construcción de la memoria histórica en las comunidades como garantía de la no repetición.

Las actividades concluyeron en la Aldea Choatalum con un acto político organizado por los familiares de las víctimas de Choatalum, con el acompañamiento de varias organizaciones de derechos humanos y la prensa guatemalteca.